Aprueban ley de acceso universal

El nuevo marco legal obliga a las empresas del sector a aportar 1% de su facturación bruta al desarrollo de la red.

El Gobierno destaca que esto permitirá reducir la brecha digital.

La Asamblea Nacional aprobó ayer, en tercer debate, el proyecto de ley de servicios y acceso universal a las tecnologías de la información, que obliga a las empresas de telecomunicaciones a destinar 1% de su facturación bruta anual al desarrollo de infraestructuras y servicios que permitan conectar a los poblados rurales y las comarcas a las redes de comunicaciones modernas.

“Esto nos va a permitir acelerar el proceso de conectividad, para que los que aún no tienen posibilidad de conectarse a internet o a otros servicios de telecomunicaciones, por vivir en áreas de difícil acceso o no tener el poder adquisitivo que les permitiría usar esas herramientas, puedan llegar a hacerlo”, destacaron los ministros de Desarrollo Social, María Roquebert, e Innovación Gubernamental, Gaspar Tarté.

Según las estimaciones oficiales, con este nuevo marco legal se dispondrá de 8 millones de dólares por año para levantar infoplazas, ampliar las redes de telecomunicación vigentes y subsidiar el costo de los servicios telefónicos en las comunidades marginadas.

Los fondos para la ejecución de los proyectos no serían administrados por el Estado, sino directamente por las empresas, aclaró Tarté.

La nueva ley afectará las finanzas de un pujante sector empresarial, el de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, que incluye no solo a las empresas de telefonía y comunicación troncal, sino a los centros de transmisión de datos, los servicios de acceso a internet y las compañías de televisión por cable o satélite.

Pero, conforme al artículo 18 de la novel legislación, no están incluidos aquí “los centros públicos que ofrecen servicios de acceso a internet por períodos no superiores a 30 días”, tales como café internet y servicios de acceso en hoteles, aeropuertos, centros comerciales y restaurantes, entre otros.

El dinero recogido será destinado a un fondo con el que se financiarán proyectos que permitan reducir la brecha digital existente.

De acuerdo con el Mides, el 78% de la población tiene celular, pero ese grupo se concentra en las áreas urbanas y, si la cobertura se mide por territorio, se detecta que solo un 40% del territorio nacional está cubierto. Además, aunque en el país viven más de 3.3 millones de habitantes, solo 116 mil aparecen como abonados a internet, informó la Autoridad de los Servicios Públicos.

“Una tasa de 1% es muy alta para las empresas”, dijo Roberto Meana, de Movistar, durante el proceso de debate legislativo. Al igual que él, la mayoría de los empresarios consultados considera positivo que se legisle sobre acceso universal, pero no están del todo conformes con la forma como se hizo y algunos se quejan por no haber sido incluidos en el debate.